Lejos del consenso y con la injerencia de una potencia extranjera como Estados Unidos. Así podemos afirmar, según las últimas pruebas, que han nacido las leyes anti descargas que proliferan por varios países del mundo y que persiguen a páginas webs con enlaces y a s de redes P2P para amenazarles con sanciones económica, desconexiones e incluso penas de prisión.
La última publicación de WikiLeaks ha vuelto a demostrar las presiones ejercidas por EEUU con los gobiernos de algunos países para que pongan en marcha famoso tracker de BitTorrent The Pirate Bay. Según revela el cable publicado por WikiLeaks, la industria presionó para que se procesase a los propietarios de TPB y posteriormente el Gobierno sueco fue informando puntualmente al embajador estadounidense de la situación del juicio.
Nueva Zelanda fue otro de estos países. En vigor desde el pasado 1 de septiembre, el país oceánico lanzó su ley de tres avisos con el fin de frenar a los internautas a realizar descargas de material protegido con derechos de autor a través de redes P2P como BitTorrent. Sin embargo, su Gobierno también siguió las «recomendaciones» de EEUU para desarrollar su normativa, así como la aceptación de 500.000 dólares neozelandeses «cedidos» por Estados Unidos al Gobierno para el desarrollo de la ley.
¿Hasta qué punto es legítima la actuación del país norteamericano y su industria? ¿Hasta cuándo la impunidad absoluta de esta potencia? ¿Dónde están los límites de la soberanía de cada país? Cuestiones y más cuestiones que se abren al conocer la forma de proceder del que se autodenomina «país de las libertades y de la democracia».
